¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Edmundo y gabriel

Este 25 de mayo de 2017 se cumplen 10 años de la detención desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya cometida en esta ciudad de Oaxaca por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno. Crimen de lesa humanidad en el cual no existe duda a la distancia de que el responsable de su cometido es el Estado mexicano, con profundas motivaciones políticas, por su militancia en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

 

A las víctimas del terrorismo de Estado

A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional

A las personalidades solidarias, honestas y progresistas.

A las organizaciones populares, democráticas e independientes.

Al pueblo en general

 

Este 25 de mayo de 2017 se cumplen 10 años de la detención desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya cometida en esta ciudad de Oaxaca por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno. Crimen de lesa humanidad en el cual no existe duda a la distancia de que el responsable de su cometido es el Estado mexicano, con profundas motivaciones políticas, por su militancia en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

 

Por ello desde el pasado 6 de marzo se inició La Jornada nacional de lucha: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONRARLOS!, la cual ha visitado los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán, hoy visita Oaxaca, jornada de lucha que culminará en la Ciudad de México en el marco de la semana  internacional del detenido desaparecido, con la finalidad de denunciar estos 10 años de impunidad en el caso y los miles de crímenes de lesa humanidad que se cometen en nuestro país consecuencia de una política de terrorismo de Estado que se implementa en todo el territorio nacional.

 

La desaparición forzada de personas es un crimen real que no se puede ocultar con el simple hecho de negar su existencia, cada vez son más los testimonios que se suman a esta denuncia y que son la prueba palpable de la herida que el terrorismo de Estado causa en nuestro pueblo. En esta entidad federativa se documentan varios casos, entre ellos el de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; el profesor Carlos René Román Salazar; el indígena chatino Lauro Juárez, y muchos más que poco a poco rompen la barrera del anonimato.

 

El caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto y Edmundo es uno de los más emblemáticos, porque en estos 10 años de lucha ha quedado demostrada la participación de los cuerpos policíacos y militares en la detención y posterior desaparición forzada de ambos, así se documenta en la recomendación 07/2009 de la CNDH, la resolución judicial 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado y el propio informe emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca el año pasado. En todos estos documentos se testifica con puntual referencia que este crimen fue ejecutado por agentes del Estado, con lo cual constituye así un crimen de Estado y de lesa humanidad.

 

El gobierno mexicano intenta sepultar en el olvido la detención desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo como los miles de casos más en todo el país, porque muchos de los responsables del cometido de este crimen de Estado fueron asesinados con el objetivo de borrar la línea que conduzca en cadena de mando a los responsables intelectuales, y con ello tender el manto de impunidad sobre las altas estructuras del Estado mexicano, sin embargo, como familiares y organizaciones populares continuaremos en la exigencia de la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, así como la de los más de 300 mil detenidos desaparecidos que existen en el país.

 

Este jardín Madero es significativo para nosotros, porque ahora sabemos fue el último lugar en dónde fueron vistos por última vez Gabriel y Edmundo, con la recreación que sus compañeros hicieron de su itinerario y que es información que dio a conocer la Comisión de la Verdad, entendemos que cualquier otra versión de los hechos es con el único objetivo de escamotear la justicia, de intentar confundir al pueblo y sus organizaciones, para que abandonen a las víctimas de tan abominable crimen y a sus familiares.

 

En un principio se puso en tela de juicio su personalidad jurídica, se cargó con el estigma por la forma de lucha en la cual conducen sus aspiraciones políticas, no obstante, con toda la información que existe hasta el momento donde se testifica con pruebas sólidas que sobre su persona se cometió un crimen de lesa humanidad que contó con la participación de los tres órdenes de gobierno,  las investigaciones se enfocan a reducir el fenómeno al aspecto puramente local sin tocar a las instancias federales.

 

Por esta misma razón es que el caso es de vital trascendencia, porque expone de manera sistemática la lucha de una parte del movimiento popular y de familiares, que con tesón y proeza han sorteado en más de una ocasión la campaña represiva del Estado mexicano por hacernos desistir, pero también, el empecinamiento de las autoridades gubernamentales por cubrir con la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de tan abominable crimen.

 

Este 2017 se cumplirán también 10 años de la comisión de una serie de crímenes más cometidos en contra de luchadores sociales que fueron víctimas de la desaparición forzada al igual que Gabriel y Edmundo; Daniela y Virginia Ortiz Ramírez detenidas desaparecidas el 5 de julio de 2007, el indígena Chatino Lauro Juárez detenido desaparecido el 30 de diciembre de 2007 y Francisco Paredes Ruiz desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán.

 

La existencia de más casos con el mismo tiempo y espacio de estar en esta condición inhumana, es la expresión de que el cometido de estos crímenes rebasa los límites transexenales, geográficos y jurisdiccionales. Refleja también que en el cometido de estos crímenes no hay cabida para la casualidad, obedecen a un plan premeditado para intentar detener el avance de la organización popular al cometerse no solo contra toda expresión de disidencia política a este régimen y gobierno antipopular, sino contra el pueblo en general por su condición de clase.

 

Ante la generalización de este flagelo represivo, se simula atender con preocupación este escenario de crímenes de lesa humanidad que hoy es política de terrorismo de Estado, en el Senado se discutió una propuesta de ley para sancionar la desaparición forzada, sin embargo, por lo que se conoce hasta el momento en los dictámenes preliminares, es una ley que pretende ampliar el campo de la impunidad a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

 

Una ley que no se apegue a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, una ley que intente ocultar a los responsables con tecnicismos leguleyos, una ley que haga de la justicia un “juego” de palabras y semántica, es una ley que debe ser desconocida por los familiares, las víctimas y organizaciones populares, es una ley que sólo buscará perpetuar la impunidad para conducir al cansancio y a la frustración.

 

Cada vez más se dilucida el horizonte que nos depara a quienes somos víctimas del terrorismo de Estado, es la organización y las acciones políticas de masas las garantes para anteponer la combatividad y creatividad popular; reconocer en cada una de ellas a un hermano de clase a quienes no se les puede condenar al olvido; no son sólo cifras, son hombres y mujeres con un nombre, un rostro, una historia de lucha y de vida.

 

Es con la denuncia como poco a poco se derrumbará el muro de la indolencia, de la indiferencia y del temor; es preciso dignificar a cada una de las víctimas y romper con el estigma, son revolucionarios, son luchadores sociales, pero también son padres, hermanos, madres… hijos del pueblo que fueron arrancados abruptamente de su cotidianidad de lucha y de vida.

 

Queremos reiterar que nuestra lucha no cesará hasta encontrarlos y hasta enjuiciar y castigar a todos los responsables; diez años han pasado y su recuerdo se mantiene con esa frescura con el que se les puede evocar, porque es el amor, es la convicción de saber que el responsable fue el Estado mexicano, y es él quien debe presentarlos con vida.

 

Invitamos a todos los familiares de víctimas a sumar esfuerzos, a unir nuestra voz de denuncia, a caminar los mismos senderos para desenmascarar a los responsables del cometido de los crímenes de lesa humanidad y de Estado; la unidad entre las víctimas, la solidaridad incondicional entre ellas es una necesidad impostergable.

 

Fraternalmente

 

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!

¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!

Por la unidad obrero, campesino y popular

 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

 

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