Alto a las ejecuciones extrajudiciales: OPIZ

En la madrugada del pasado viernes 28 de marzo fueron ejecutados Basilio Guzmán Sánchez y  Martín Sánchez Pérez, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT; ayer sábado 29 del mismo mes y año, fueron ejecutados Ignacio García Maldonado y Emanuel López Martínez; en el primer caso, estas dos ejecuciones, se suman a una larga lista de ejecuciones extrajudiciales en la Región Triqui, incluida la de su dirigente Heriberto Pazos, ejecutado en octubre de 2010; en el segundo caso, no deben pasar desapercibidos los antecedentes de represión sufrida por Ignacio García Maldonado por su participación en las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO.

 

 

AL PUEBLO EN GENERAL

A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL MAGISTERIO Y ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo tres de la Declaración Universal de Derechos Humanos

 

 

Tampoco es de ignorarse la ejecución de seis personas, con el tiro de gracias en San Miguel Soyaltepec, localizados ayer sábado, en una de las peores jornadas sangrientas en territorio oaxaqueño.

 

La larga lista de ejecución de líderes sociales y masacres ocurridas en nuestro Estado en la administración de Gabino Cué Monteagudo, a las que se suman desapariciones forzadas de personas, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y comunitarios, no son hechos aislados o donde concurran razones de índole familiar o personales, son acciones de eminente carácter político y paramilitar, donde la responsabilidad del Gobierno es innegable por comisión o por omisión.

 

Hablar de inoperancia de los órganos de procuración y administración de justicia, es decir lo menos en un contexto donde la impunidad a todo tipo de delitos, es el caldo de cultivo de esta creciente espiral de violencia que elimina o paraliza toda oposición a las políticas rapaces de quienes tienen el verdadero poder político y económico en nuestro Estado.

 

Ese es el verdadero fondo del asunto, a eso se debe la colocación de actores afines a esta política de limpieza social en puestos clave desde donde se promueve la inmovilidad, mientras, se llevan a cabo acciones maquiavélicas con el fin de evitar otro levantamiento social como en el 2006 y toda oposición política real y en pro de mejores condiciones de vida para nuestra sociedad; se sigue allanando el camino para el retorno pleno del PRI en nuestro Estado, con el fin de completar el cuadro nacional donde las políticas en pro del capital extranjero marchan viento en popa.

 

Así, por encima del discurso de defensa de derechos humanos de la actual administración, la realidad se impone, aún a los que cierran los ojos para no oír.

 

Se viola flagrantemente la Constitución y los ordenamientos internacionales.

 

El “Gobierno del Cambio” incumple su obligación de respetar la vida, la libertad y la seguridad de los habitantes de nuestro Estado.

 

En ese contexto, se demanda enérgicamente:

 

¡Alto a las ejecuciones extrajudiciales!

 

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