Indulta a presos Loxicha: OPIZ

CIUDADANA DIPUTADA FEDERAL, EUFROSINA CRUZ MENDOZA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS; CIUDADANOS DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CIUDADANO SENADOR EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO.

PRESENTES:

Quien suscribe, JUAN SOSA MALDONADO, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Prolongación de Xicoténcatl numero 1031 letra B de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz en la ciudad de Oaxaca, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban conjunta o indistintamente el ciudadano Heladio SANTIAGO MARTÍNEZ y la ciudadana Inés ANTONIO REYES; principalmente en mi correo electrónico: loxicha@gmail.com,  con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes para exponer lo siguiente:

En el año de 1996, en la región zapoteca de los Loxicha, el gobierno estatal encabezado Diódoro Carrasco Altamirano y el gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, iniciaron una brutal represión contra los indígenas zapotecos de aquella marginada y pobre región.

Persecución; detenciones ilegales y arbitrarias; torturas físicas y psicológicas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada de personas; violaciones; desplazamiento forzado de la población forman parte del catálogo de las violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad; cometidos contra la inerme población.

Cientos de indígenas fuimos detenidos y llevados a distintas cárceles del Estado y el País, incluido el Penal de Máxima seguridad conocido entonces como “Almoloya”; se documentaron más de 15 desapariciones forzadas y a lo largo de estos 18 años se han perpetrado cerca de 200 ejecuciones extrajudiciales.

Permanecen en diversas cárceles del Estado 8 presos del fuero federal que llevan más de 17 años en reclusión por delitos que no cometieron, bajo los viejos métodos parapoliciales de fabricación de expedientes y consignas políticas para que no se les deje libres.

Los grupos paramilitares siguen operando en las comunidades, dejando una estela de muerte y desolación.

El miedo, la desnutrición, pobreza y abandono se observan a simple vista en los rostros de hombres y mujeres, niños y ancianos que habitan las paupérrimas comunidades.

En fuero común y federal hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y se sigue criminalizando a los indígenas con detenciones arbitrarias por delitos que nunca han cometido

Más de diecisiete años después los asomos de justicia sólo en parte alcanzarían a reparar los innumerables daños que se nos han causado, desafortunadamente desde los gobiernos municipal, estatal y federal, lejos de buscar soluciones para la paz y reconciliación se han empeñado en complicar cada día más la vieja maraña de complicidades e impunidad; profundizando la división, la confrontación y el encono en los ámbitos comunitarios, organizativos y familiares.

El panorama se presenta cada vez más complicado para los hombres y mujeres en las comunidades, para los presos y sus familias, mientras mi familia y yo vivimos el desplazamiento forzado.

Desde hace más o menos medio año, en comunicación formal me dirigí a los diputados federales Hugo Jarquín, Samuel Gurrión Matías y el Senador de la República Eviel Pérez Magaña, solicitando su intervención para abordar el Caso Loxicha. Prácticamente inmediatamente después fui recibido en audiencia por el diputado federal Samuel Gurrión Matías, acordando que buscaría concretar una audiencia con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la que  él es integrante; desafortunadamente mi situación cambió radicalmente y no estoy en condiciones de asistir personalmente a dicha audiencia, por tal razón propongo que, teniendo como antecedente:

El caso de Alberto Patishtán Gómez, quien fue el primer indígena en ser indultado por el Presidente de la República en 2013 por violación a sus derechos humanos, teniendo como precedente que el 21 de octubre de 2013 el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 97 del Código Penal Federal para que el Ejecutivo tenga la facultad del indulta a presos en cuyos casos existan pruebas de que se violaron  sus derechos humanos; aprobando por la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2013, dicha reforma y publicada en el Diario Oficial un día después, entrando en vigor el 31 de octubre. Facultad de la que el Ejecutivo hizo uso el mismo día de su entrada en vigor, concediendo el indulto a Alberto Patishtán Gómez, ordenando su inmediata libertad; se inicien los trabajos de investigación con el fin de:

1.    Acreditar que en el Caso Loxicha han existido graves violaciones a derechos humanos desde 1996 y que se prolongan hasta nuestros días.

2.    Liberar a los Presos Loxicha.

3.    Encontrar mecanismos para investigar, juzgar y sancionar a quienes son los responsables de estos delitos de lesa humanidad cometidos en la Región Loxicha.

4.    Implementar  acciones para la reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos en la Región Loxicha, cuyos mecanismos permitan recuperar la memoria histórica y se prevea la no repetición de hechos que lesionan a la humanidad en su conjunto.

Para mayor información esta es la situación de los presos del fuero federal:

a)    PROCESO NÚMERO 13/97. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca.

1.         Justino Hernández José, (Interno en Ixcotel, Oax.) a 20 años de prisión, por los delitos de Conspiración, Homicidio Calificado y Homicidio en Grado de Tentativa. Fue detenido el 29 de noviembre de 1996.

2.         Zacarías Pascual García López, (Interno CEFERO #13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.) a 20 años, nueve meses de prisión.

Se les tramita beneficio de pre liberación.

b)    PROCESO NÚMERO. 103/996. Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca.

 

3.            Eleuterio Hernández García (Interno en Ixcotel, Oax.): Sentenciado a la pena de 31 años, 7 meses y 3 días de prisión.

Está pendiente de interponerse el amparo en contra de la sentencia.

 

c)    PROCESO NÚMERO 39/996. Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca.

4.     Álvaro Sebastián Ramírez (Interno en Ixcotel): SENTENCIADO a 27 años de Prisión.

5.    Agustín Luna Valencia (Interno en Ixcotel): SENTENCIADO a 27 años de prisión.

 

6.         Fortino Enríquez Hernández (Interno en Ixcotel): Fue detenido el 25 de septiembre de 1996.

Sentenciado a 21 años de prisión, se debe tramitar pre liberación.

 

7.   Abraham García Ramírez (Interno en Ixcotel, Oax.): Se encuentra sentenciado a 30 años de prisión.

 

8.     Fernando Santiago Enríquez, se encuentra sujeto a proceso en el reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

 

RESPETUOSAMENTE:

 

Juan Sosa Maldonado

Defensor de derechos humanos

 

 

 

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