La tortura, la denuncia anónima y el testigo protegido figuras para perseguir inocentes.

*Los más afectados con estas prácticas y figuras son: activistas, ambientalistas e indígenas: Israel Ochoa Lara.-Para el representante de  la Asesoría Jurídica Popular, Israel Ochoa Lara la tortura para obtener confesiones, la denuncia anónima, el testigo protegido y el arraigo deben desaparecer porque son mal utilizadas por las autoridades para justificar detenciones.

 

Por: Jesús Isaac OLMEDO

Tras el controvertido caso de la francesa Florence Cassez, quien se vio involucrada con el crimen organizado y después liberada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el abogado dijo que las figuras antes mencionadas deben desaparecer por ser ilegales.

Explicó que una mala práctica comúnmente utilizada por las corporaciones de seguridad pública, incluyendo al Ejército y la Marina es la tortura, método mediante el cual las autoridades obtienen confesiones y se realiza en todo el país a pesar que esta prohibida.

También mencionó la denuncia anónima que no es más que una justificación de la policía, el ejército u otras instituciones para crear culpables, “pocas son reales, la mayoría son justificaciones para presentar preso a una o varias personas”.

A este fenómeno dijo que se suma la figura de los testigos protegidos, tema no claro porque puede ser un delincuente negociando su libertad a cambio de señalar a presuntos culpables, en otros casos puede recibir pagos o prebendas para acusar a un inocente.

Destacó que hay muchos casos de violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de activistas, ambientalistas e indígenas,  por citar algunos, quienes deberían estar en libertad si se aplicarán los mismos criterios que favorecieron a Florence Cassez.

Algunos de los casos donde se registran injusticias, Ochoa Lara citó el tema de Santiago Amoltepec, donde fueron detenidos cinco campesinos por la supuesta retención de un presunto periodista y varios policías. Otro caso padecen los presos Loxicha, detenidos desde hace 16 años bajo el argumento que militaban en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), todos perseguidos por consigna del ex gobernador priísta hoy destacado militantes del PAN, Diódoro Carrasco Altamirano.

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